Después de que la Suprema Corte de Justicia legalizara el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, describió como un “fallo anárquico” la decisión de otorgar el derecho a casarse y afirmó que los empleados estatales pueden alegar objeciones religiosas para negar la expedición de dichas licencias de matrimonio a esas personas.

Paxton advirtió que cualquier secretario municipal, juez de paz u otro funcionario que decline este derecho, podría ser objeto de una demanda o una multa.

Sin embargo, manifestó que “numerosos abogados” están listos para defender gratis a cualquier funcionario público que se rehúse a entregar dichas licencias.

Respecto a ello, el Congresista Henry Cuéllar, estipuló que por ningún motivo el Procurador General del Estado debe estar alentando a los servidores públicos a evadir las leyes.

“La Suprema Corte aprobó que el matrimonio entre personas del mismo sexo deberá ser permitido en todo el país, por lo tanto, está escrito en la Constitución y debe seguirse conforme a la ley”.

“Encuentro este comentario torpe, ya que realmente no tiene sentido que alienten a las personas a no seguir la Constitución y que además quieran gastar dinero de los constituyentes para defender a las personas que no quieran seguir dichos lineamientos.”

“Ese dinero local y estatal que debe ser utilizado en otros cosas; personalmente yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, sin embargo, yo seguiré lo que la Corte Suprema diga”.

“Incluso, históricamente, algunos de los cambios trascendentales en el país, no han sido por legislaciones estatales o federales; se han realizado por decisión de la Corte Suprema”.

“Nos guste o no, todos debemos seguir las órdenes de la Corte Suprema”.